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25 de February, 2018
Protección de Datos de Carácter Personal > Conceptos > Encargado del tratamiento
Encargado del tratamiento

“Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.” (Art. 3.g LOPD).

El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha completado esta definición añadiendo la existencia de una relación jurídica que vincula al encargado del tratamiento con el responsable del fichero. Dicha relación jurídica delimita el ámbito de actuación para la prestación de un servicio. También podrán tener la consideración de encargados del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.

En el ámbito de actuación de las Administraciones Públicas, éstas suelen contratar con frecuencia la realización de servicios por cuenta de terceros, tal y como ocurre en el mantenimiento de equipos informáticos, el envío de documentación a particulares o la grabación de datos en ficheros informatizados. La empresa que efectúa estos servicios será la ‘encargada del tratamiento’. 

Cuando el encargado del tratamiento accede a datos personales no se considera que exista una cesión de datos personales, por lo que no es necesario el consentimiento previo de los afectados. No obstante, la relación entre el responsable del fichero y el encargado del tratamiento deberá quedar formalizada en un contrato por escrito o por cualquier otra forma que permita acreditar su celebración (por ejemplo, un convenio), y contenido, en el cual se especifique que el encargado del tratamiento tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable del fichero, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

Algunos ejemplos serían los siguientes

La contratación de un hospital con un tercero del almacenamiento, custodia y gestión de las historias clínicas.

La contratación por parte de un Órgano administrativo de una empresa de mailing para enviar cartas a unos opositores a los cuales se les quiere comunicar un acto administrativo del proceso selectivo en el que están participando.

Un convenio realizado entre una Consejería con una Universidad Pública para que ésta realice un trabajo de investigación que afecte a un determinado sector social.


Fuente: Guía de protección de datos personales para Universidades,
Páginas 440 a 441
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
Edición: Abril de 2008, ISBN: 978-84-935457-4-1


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