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17 de September, 2019
Protección de Datos de Carácter Personal > Principios > Principio de consentimiento > Principio de consentimiento
Principio de consentimiento

Algunas Administraciones Públicas utilizan como sistema de control horario la huella dactilar de los empleados públicos. La huella dactilar forma parte de lo que se conoce con el nombre de “datos biométricos”, entre los que también se incluye el iris o la voz.

En este sentido, la Sentencia de 2 de julio de 2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha legitimado el uso de la huella para el control horario de los trabajadores. Considera el Tribunal Supremo que “cumplir con el control horario es una obligación inherente a la relación que une a los funcionarios con la Administración, no siendo necesario obtener previamente su consentimiento ya que el artículo 6.2 de la LOPD lo excluye en estos casos. Asimismo, no hay norma que prohíba el recurso a la tecnología escogida para realizar el control del cumplimiento del horario de trabajo. Su novedad o complejidad no la convierten en lesiva de los derechos fundamentales invocados”.

d) Cuando el tratamiento resulte necesario para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.

Esta excepción también se aplicará cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento..

e) Cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público. En este punto, conviene recordar que dichas fuentes están enumeradas de forma limitativa en la LOPD, tal y como se indicó al exponer su definición.

En relación con este Principio de consentimiento podemos citar también el Artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos que establece que “los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa el derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la LOPD, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos”.

 


Fuente: Guía de protección de datos personales para Universidades,
Páginas 456 a 459
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
Edición: Abril de 2008, ISBN: 978-84-935457-4-1


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